Nicolás Ortiz

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Entre la convicción y la responsabilidad

Posted by Nicolás Ortiz On febrero - 23 - 2013

SCJ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por una convicción? Esa es la pregunta que yo me haría hoy a la luz de los hechos que vuelven a colocar en boca de todos a la Ley de Caducidad.

Las convicciones son válidas y los que hacemos política somos movidos por ellas, intentamos convencer a otros y soñamos con que se plasmen en hechos concretos.

El Frente Amplio tiene una convicción: que la Ley de Caducidad no debe existir en el ordenamiento jurídico uruguayo porque es una limitante para la búsqueda de la verdad y la justicia. Podremos compartir esto o no, y a lo largo de la discusión histórica de este fondo, podemos colocarnos de un lado o del otro. Y eso está bien.

En 1986 se aprueba la Ley de Caducidad en el Parlamento. Algunos compartieron la solución y otros no. Éstos últimos promovieron un referéndum en 1989 y los acompañó el 43% del pueblo. En 2009 volvieron a consultar a la gente, y esta vez el 48% compartió la convicción.

El Frente Amplio optó por recorrer un camino político que algunos piensan debió culminar en 1989 y otros en 2009; pero más allá de las fechas, y en cualquier caso, con el pronunciamiento del soberano que no acompañó.

Pero la convicción tiene un límite: la responsabilidad.

Porque a partir de allí el camino fue decir que las mayorías no tienen por qué tener la razón, un proyecto de ley interpretativo que naufragó en el Parlamento en 2011 y un último proyecto finalmente sancionado en octubre de ese mismo año, que el 22 de febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional.

Luego de haber desconocido dos veces la voluntad popular, el paso es un juicio político a la Suprema Corte, promovido por el MPP, con el argumento de que ella es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay” y de que los Ministros de la Corte son “dinosaurios amantes de la impunidad, que pretenden negar la justicia“. Y entre nuevas marchas y un incremento de las medidas de seguridad en el edificio de la Suprema Corte y personal para los magistrados que integran la misma, transcurre la convicción ahora embistiendo contra el Poder Judicial.

Y es cierto que la Constitución permite que la Cámara de Representantes acuse ante el Senado a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y que el Senado pueda abrir juicio político y separar de sus cargos a los Ministros de la Suprema Corte. Pero el MPP y el Frente Amplio saben que se precisan dos tercios de votos para eso. ¿Y entonces cuál es la intención? Culpar a la oposición de las mismas cosas que hoy culpan a la Corte Suprema.

Es inadmisible que tenga que pagar la justicia, la oposición o cualquier otro, por el irresponsable camino político que el Frente Amplio ha decidido recorrer desde hace un tiempo ya, en aras de una convicción. Lo están diciendo los propios frenteamplistas, que por estas horas se están pasando facturas.

Max Weber decía que actuar de acuerdo a la ética de la responsabilidad “ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción”. Esto no significa de ninguna manera claudicar las convicciones, sino entender que por ellas no se puede accionar lesionando principios muy hondos sobre los cuales se apoya la democracia y la convivencia en el Uruguay.

Y además opino que el Frente Amplio desconoció al pueblo

Posted by Nicolás Ortiz On octubre - 30 - 2011

La historia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado es bien conocida. Junto con la ley de restitución de funcionarios públicos y la ley de amnistía constituyeron los primeros pasos para pacificar el país luego de las funestas décadas del 60 y del 70. Así se comenzaba a recorrer nuevamente el camino de la democracia. Al menos hasta el 27 de octubre de 2011.

La ley de caducidad fue sancionada en 1986. En 1989 el resultado de un referéndum indicó que el pueblo votó por su mantenimiento: 1.082.454 papeletas amarillas vs. 799.109 papeletas verdes. En 2007 se lograron las firmas para plebiscitar una reforma constitucional para anular la ley, y el 25 de octubre de 2009 dicha reforma no alcanzó los votos necesarios del pueblo para aprobarse: 1.105.768 por la anulación vs. 1.198.876 por no anularla. La gente por segunda vez ratificó la vigencia de la ley.

Mujica y Astori nos dijeron a todos los uruguayos en noviembre de 2009 que se acataría lo que laudó el soberano y que las eventuales mayorías parlamentarias no podían enmendarle la plana al pueblo.

Sin embargo, en 2010 el Frente Amplio presenta un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que en los hechos dejaba sin efecto los artículos 1º, 3º y 4º de la ley de caducidad. Este fue el primer intento de desconocer la voluntad popular.

Compartibles o no, algunas señales comenzaron a sobrevenir desde el propio Frente Amplio. Algo no andaba bien. La licencia de Nin Novoa, el voto negativo de Saravia, la renuncia de Fernández Huidobro de la CAP-L y el voto negativo de Semproni. Finalmente el proyecto no fue aprobado.

El pasado 25 de octubre desembarca en el Senado un proyecto para derogar retroactivamente la ley de caducidad, es decir, para dejarla nuevamente sin efecto. En este segundo intento de desconocer lo que el soberano laudó dos veces, lo que antes no anduvo bien dentro del Frente Amplio ahora pareció andar perfecto. Nin Novoa pide licencia y su suplente dice que el titular está de acuerdo con el proyecto. Gamou de la CAP-L expresando dudas respecto al proyecto, pero votando por una disciplina partidaria aludida desde un sector que no pertenece al Frente Amplio y que aún sigue juntando firmas para ingresar al mismo. Cero renuncias esta vez.

Todo esto además teñido por lamentables y bajísimos maniqueos de Lorier, que colocó a todos los uruguayos que votaron por mantener la ley en 1989, a los que no votamos para anularla en 2009 y a los que no levantamos nuestra mano en el Parlamento desconociendo a la gente, del lado de los torturadores, violadores y secuestradores de la dictadura militar. Vaya mentira tan mezquina y retorcida. Muchos uruguayos que no tenemos por qué rendir cuentas de nuestra fe democrática fuimos así agraviados.

Expreso a la Cámara de Diputados fue el proyecto. Semproni argumentando lo inargumentable en un doble discurso flagrante levantó esta vez su mano. Mujica estampando su firma para promulgar la ley hizo lo que dijo que no haría.

Hasta aquí la democracia: 66 vs. 1.198.876.

Y claro que todo esto ha abonado el camino para que el revisionismo venga también desde las tiendas de enfrente. Algunos quieren llevar ahora ante la justicia a los tupamaros que secuestraron, robaron, mataron y quisieron destruir la democracia. Esto no está bien. Los colorados no debemos recorrer este camino de la sal en la herida y de destrucción de la paz.

Lo que nos resta hacer ahora es otra cosa.

Catón, el Viejo, fue un político, escritor y militar romano, defensor principal de la guerra con Cartago. Consideraba que la prosperidad de esa ciudad era una amenaza para Roma, y cada vez que finalizaba todos y cada uno de sus discursos en el Senado, sea cual fuere el tema, decía “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” (“Y además opino que Cartago debe ser destruida”). Esta expresión se utiliza hoy para referir a una idea fija o un objetivo que se busca hasta cumplirlo.

Como lo hacía Catón, a los colorados nos toca decir una y otra y otra vez “Y además opino que el Frente Amplio desconoció al pueblo”. Digámoslo fuerte y contemos lo que pasó.

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\"Siempre hay un camino bueno para los hombres buenos y de fuerte voluntad.\"

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